El contexto de declaraciones gubernamentales, de recorte anunciado de casi 30 mil millones de euros, de la reforma profunda de la Administración, así como la intención declarada de entrada del sector privado en el negocio de los servicios públicos, plantea un escenario de urgente y necesaria movilización por parte de las empleadas y empleados públicos.El jueves 29 de marzo es una fecha decisiva, previa a la presentación de los presupuestos, donde nuestra capacidad de actuación y de resistencia a las futuras decisiones, marcará muy mucho lo que será en un futuro inmediato la Administración Pública, las retribuciones y condiciones de todos los empleados públicos y, lo que es más importante, el mantenimiento de nuestro empleo y la defensa de los servicios públicos de calidad.
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