Si el gobierno del PP pone en marcha la medida anunciada, reducir una vez más el sueldo de los emplead@s públic@s. su capacidad de compra habrá pasado de 100 a 88, mientras que los precios habrán subido de 100 a 107,6, con lo que ¡su poder adquisitivo habrá caído casi un 20% en tres años! Esta cifra, a todas luces espeluznante y que rivaliza con la pérdida sufrida por quienes han quedado en paro y mantienen el cobro de sus prestaciones, no parece justificar la consideración de los trabajadores públicos como privilegiados, precisamente.
Si los trabajadores estatales, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, suman 2,7 millones de personas y la cifra de ocupados en España, según los últimos datos de la EPA, roza los 17,5 millones, entonces los empleados públicos suponen el 15% del total de ocupados. Si estos trabajadores pierden un 20% de su capacidad de compra y suponemos que esto redunda en una caída exactamente proporcional de su consumo, entonces la reducción de la demanda del conjunto total de los consumidores (si consideramos, para simplificar, que son todos aquellos con trabajo) será del 3%. Sabiendo que el porcentaje que el consumo privado supone sobre el PIB total de España es bastante estable y se ha venido manteniendo alrededor del 58% del total en los últimos doce años, esto significa que, por sí sola, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en 2012 respecto de 2009 será responsable de una pérdida potencial equivalente al 1,75% del PIB, es decir, de unos ¡17.500 millones de euros anuales!
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